“Para las comunidades indígenas era muy complejo resolver los casos de delitos sexuales, porque no teníamos la competencia científica ni técnica para hacer exámenes y valoraciones, pero ahora con el entendimiento y la articulación lograda con Medicina Legal, sabemos que, a través de un formato, podemos solicitarle a esta entidad una investigación del caso y que esos resultados los conozca la autoridad indígena para que en su ejercicio autónomo de justicia tome las decisiones”, cuenta Michael Riascos, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca
región Pacífica, ACIVA RP.

De acuerdo con Michael, este es uno de logros más significativos que dejó el Diplomado en Derecho Propio, realizado por ACIVA y la Universidad del Pacífico con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, en el Distrito de Buenaventura, y cuya certificación se realizó el pasado 17 de mayo.
Del espacio de formación, que se realizaba durante dos días cada mes y cuyo componente metodológico estuvo compuesto por 10 módulos sobre temas de justicia, participaron 70 líderes, lideresas, autoridades y guardias indígenas de los pueblos Wounaan, Nasa, Inga, Embera Chamí y Eperara Siapidara, que habitan el Distrito de Buenaventura.

“Aquí en Buenaventura y en el Valle del Cauca es muy poca la coordinación que se ha tenido con las autoridades indígenas y con la institucionalidad, entonces fue una oportunidad muy buena la de encontrarnos en este diplomado y decir estamos aquí y así hemos venido trabajando. También fue valioso tener profesores del Cauca, de la Universidad Autónoma Indígena porque ellos ya llevan adelantados varios procesos y nos guiaron sobre cómo articularnos y trabajar entre jurisdicciones”, señala Yuli Sanabria Dagua, autoridad de un resguardo indígena Nasa, ubicado en el corregimiento de Cisneros (Buenaventura).

Yuli y Michael coinciden en que el conocimiento que más se fortaleció y donde ya tienen más herramientas de actuación es en los casos relacionados con delitos sexuales, porque antes no sabían cómo solicitar el apoyo de Medicina Legal y muchas de esas situaciones quedaban sin esclarecerse. “Ahora ya tenemos el formato, conocemos la ruta y tenemos una buena articulación para actuar, hacer justicia, aplicar remedio y sancionar”, puntualiza la comunera.

Un apoyo más allá de la formación

Si bien, el Diplomado en Derecho Propio fue todo un éxito, las otras líneas de trabajo del proyecto apoyado por el Programa Justicia Inclusiva de USAID también han logrado positivos avances, como la participación de las autoridades indígenas en los Sistemas Locales de Justicia, la promoción de la implementación de buenas practicas de gobierno propio y el fortalecimiento de la Mesa distrital de coordinación interjurisdiccional de Buenaventura.
Michael Riascos reconoce que ha sido de mucho significado el poder sentarse a dialogar “de tú a tú” con las entidades y los funcionarios que administran el sistema de justicia ordinaria; además, del reconocimiento de la existencia de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) en el país y en el Distrito, y por lo tanto del respeto que deben tener sus fallos judiciales.

“Teníamos inconvenientes cuando se capturaba un comunero indígena y la autoridad del resguardo se acercaba donde el Fiscal o Juez a reclamar la competencia de la justicia propia, pero el Juez la rechazaba o tenía que llamar a Bogotá a pedir un concepto, porque desconocía todos los temas de nuestra jurisdicción”, explica Riascos.

En ese sentido, que hoy su jurisdicción especial se reconozca es muy importante y es un gran avance, así como lo es que las autoridades hayan aprendido a construir memorandos para solicitar la competencia de la JEI en casos de comuneros capturados por la justicia ordinaria.

“Cuando haya una audiencia por justicia ordinaria, el Juez debe notificar a la autoridad indígena de ese territorio y debe dejarlo asistir a la audiencia, y más allá de que no cuente con un certificado de una institución o una universidad diciendo que es un abogado, se le reconoce como administrador de justicia natural”, agrega Riascos.

Adicional a ello, se suma la importancia de la participación de las autoridades indígenas en los escenarios de Sistemas Locales de Justicia, para el caso de Buenaventura, Comité Distrital de Justicia, la Mesa de coordinación interjurisdiccional y la Mesa distrital étnica, espacios de articulación entre Estado y comunidad para impulsar respuestas efectivas a las necesidades de justicia de la población.

“Que las autoridades indígenas hoy estén participando en escenarios como las Mesas, que estén poniendo su voz más allá de los ejercicios de minga y de los compromisos de minga que se han logrado en Buenaventura y el Departamento del Valle, son oportunidades que permiten coordinación y clarificar aspectos fundamentales”, señala Riascos.

A su vez, desde el Consejo Superior de la Judicatura del Valle, destaca la creación e instalación de la Mesa distrital de coordinación interjurisdiccional, la cual desde el 2023 sesiona cada dos meses, y donde a través del Consejo Superior, las autoridades indígenas convocan a las diferentes entidades del Estado para avanzar en la resolución de conflictos y problemáticas de las comunidades indígenas.

“Contamos con una experiencia con otras comunidades indígenas en el Valle donde avanzamos en temas de género, violencia en el contexto familiar, fortalecimiento a los centros de armonización; entre otros, por lo que este espacio con los indígenas de Buenaventura ha sido un ejercicio muy bonito, participativo, constructivo y estamos comprometidos para seguir avanzando”, señalaron desde el Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca.